Élites corruptas y criminales han controlado elección de Fiscal General y Adjunto

Por mandato constitucional el Ministerio Público es la institución responsable de investigar los delitos, descubrir a los responsables y requerir ante los tribunales la aplicación de la Ley, mediante la acción penal.

El Ministerio Público fue creado mediante decreto número 228-93 y entró en vigor el 6 de enero de 1994. Su titular y su adjunto los elige el Congreso Nacional con mayoría calificada. El primer Fiscal General electo fue Ángel Edmundo Orellana (1994-1999) quien, para varios analistas, logró mantener autonomía institucional.

Sin embargo, a partir de la segunda elección del Fiscal General se fueron marcando las negociaciones y los pactos de las élites políticas y económicas con la huella del Partido Liberal y el Partido Nacional, teniendo al Congreso Nacional como actor clave para estos fines.

El actual Fiscal General Óscar Fernando Chinchilla, fue aliado del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), extraditado y ahora enfrentando juicio en Estados Unidos acusado de tráfico de drogas a gran escala y de armas de grueso calibre. Su segundo mandado fue resultado de los cálculos para evitar ser investigado.

Origen de la crisis

El ya difunto Ramón Ovidio Navarro, fue el tercer fiscal general que tuvo Honduras, antecedido por Edmundo Orellana Mercado (1994-1999) y Roy Edmundo Medina (1999-2004). El 18 de febrero de 2004, el Congreso Nacional eligió a Navarro como Fiscal General y a Yuri Melara como Adjunto. En ese entonces, Navarro era magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cargo al que renunció porque tenía el apoyo del Partido Nacional (PN) y del Partido Liberal (PL). Su elección fue cuestionada por la sociedad civil por tener una alta dosis política en su nombramiento.

Navarro era conocido por su militancia nacionalista, además era miembro del equipo defensor del expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994). Estando al frente de la fiscalía engavetó 15 casos de corrupción abiertos contra el mandatario. Por este accionar fue fuertemente cuestionado a lo interno del Ministerio Público y por diversos sectores de la sociedad civil.

Bajo este contexto, su llegada trajo consigo la primera crisis institucional al interior de la fiscalía, la que se agudiza cuando Navarro decide suspender a 10 fiscales de carrera, quienes venían de una formación integral de combate a la corrupción. Es así como, sale a luz pública las denuncias de engavetamiento a los casos de corrupción.

Los fiscales despedidos montaron una lucha permanente denunciando los atropellos de los que habían sido víctimas, logrando al final la renuncia de Navarro y Melara el 25 de junio de 2005. Pero, al quedar inconcluso su período, los diputados nacionalistas y liberales vieron la oportunidad de seguir politizando el ente investigativo, es así como violentando las leyes eligieron a sus sustitutos: Leónidas Rosa Bautista, diputado nacionalista y Omar Cerna, diputado liberal, repitiendo exactamente el guion de la elección anterior.

La huelga de los fiscales

Antes de ser electo, Leónidas Rosa Bautista tenía una de las firmas jurídicas de mayor prestigio en el país. Además de ser apoderado legal del cuestionado ex-presidente liberal Carlos Flores Facussé (1998-2002), y otros grandes empresarios nacionales. “Él llegó con un claro mandato de pacificar el Ministerio Público que vivía una intensa lucha a lo interno por el combate a la corrupción”, aseguró Víctor Fernández, quien fue Fiscal de Derechos Humanos, Fiscal de Delitos Comunes y presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras (2006-2008).

Fue buscando la manera de como cooptar a fiscales para someterlos a la defensa de un modelo de institución que representaba a las élites políticas y empresariales corruptas. En ese sentido fue haciendo un trabajo fino”, indicó Fernández quien junto a otros fiscales participaron en una huelga de hambre que se prolongó durante 38 días en los bajos del Congreso Nacional en protesta contra las actuaciones de Rosa Bautista y Cerna.

Durante su mandato los procedimientos institucionales caminaron apañando la corrupción. Además, “él repetía constantemente que las persona perdían más por el robo de un celular o de otro objeto personal, que por un acto de corrupción en el Estado”. Esto marcó una tendencia que justificaba la no persecución del delito que cometían las élites políticas y económicas. Pero al mismo tiempo dedicaba su esfuerzo a perseguir a las personas pobres que cometían delitos mínimos”, manifiesta Fernández.

A medida pasaban los meses Rosa Bautista iba haciendo movimientos para neutralizar a fiscales honestos, a unos los trasladó a otras fiscalías, a otros otorgándoles beneficios y becándolos para que se fueran a especializarse a otros países. Ese ambiente de corrupción y maltrato enardeció los ánimos de cuatro fiscales que el 7 de abril del 2008 iniciaron la huelga de hambre más larga de la historia en Honduras. La acción se desarrolló en los bajos del Congreso Nacional con una sola exigencia: que la Fiscalía desempolvara y revisara decenas de expedientes que documentaban los actos de corrupción de intocables políticos y empresarios.

La huelga de hambre como bandera de lucha contra la corrupción estremeció el país y comenzaron a sumarse líderes religiosos, organizaciones sociales y gente común en demanda por acabar con la corrupción. Durante la huelga la población estaba expectante en modo vigilancia y a lo interno del Congreso Nacional se desarrollaban intensas negociaciones entre la clase política que mostraron en todo momento apoyo a Bautista y Cerna.

Después de 38 días la huelga se suspendió sin lograr la salida del fiscal general y el adjunto, pero sí evidenciar que la lucha contra la corrupción y la impunidad en el Ministerio Público era imposible. También se obtuvo otra serie de reformas internas. Rosa Bautista y Cerna culminaron su período para el que fueron electos y se eligió a un nuevo fiscal general y su adjunto, los abogados Luís Rubí y Roy Urtecho eran los elegidos por la clase política.

La elección de Óscar Chinchilla como fiscal general y la de Rigoberto Cuéllar como fiscal adjunto en septiembre del 2013 fue calificada como dictatorial y manipulada por el entonces presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, quien ya tenía en marcha su camino a la Presidencia de la República.

Chinchilla fue diputado suplente por el Partido Nacional (2002- 2006). El 2009 fue electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional, desde donde el 2012 apoyó la Ley que daba vida a las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) mejor conocidas como “ciudades modelo” impulsadas por el presidente Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández.

Esto valió para que Chinchilla años después fuera elegido como titular de la fiscalía, pero, antes sobrevivió a la depuración que el Congreso de Hernández, hizo contra 4 de sus colegas magistrados de la Sala de lo Constitucional quienes votaron contra la Ley de las RED, que creaba pequeños estados autónomos dentro del territorio hondureño, afectaba la soberanía del país y la Constitución de la República.

El apoyo en el Legislativo a favor de Chinchilla y Cuéllar fue de 90 votos, de los cuales 71 provenían del Partido Nacional. “Esta elección fue uno de los casos atípicos e irregulares porque Chinchilla había salido aplazado en algunas pruebas practicadas en el proceso de selección de candidatos a fiscal. Pero, luego de denuncias de compras de voluntades y negociaciones entre el bipartidismo el Congreso lo metió a la fuerza”, indicó la diputada Fátima Mena.

Desde que asumió el cargo como Fiscal Chinchilla se convirtió en el mayor aliado del expresidente extraditado Juan Orlando Hernández. Sin embargo, en Honduras la fiscalía no tenía la mínima investigación ni contra el exgobernante ni contra ninguno de los grandes narcotraficantes extraditados por la justicia norteamericana.

“El primer período de Chinchilla de 4 años, pasó con poca acción en el desmontaje de las redes de corrupción y el narcotráfico. La mayoría de los que han sido extraditados aquí nunca se les abrió proceso de investigación pese a que había mucha información”, dice la diputada Mena.

Otro de los aspectos que se le cuestiona es que no hizo nada por parar la primera reelección presidencial desde el regreso de la democracia a Honduras en 1981 y Juan Orlando Hernández, violentado la constitución lo hizo en el 2017. En unas elecciones que además de ilegales, estuvieron marcadas por la denuncia de fraude electoral en contra de Salvador Nasrralla, quien era el candidato de la Alianza entre los partidos Libertad y Refundación y Partido Anticorrupción, PAC.

“Chichilla ha sido una pieza fundamental que favoreció la agenda continuista de Juan Orlando, apoyó la venta territorio y en general fue cómplice de los 8 años de narco dictadura. Y como premio a la obediencia fue reelecto por 4 años más como Fiscal General”, concluye Mena.

Ilegal reelección de Chinchilla

Con todo el trabajo que venía haciendo en el MP los diputados nacionalistas que controlaban el Congreso Nacional por segunda vez eligieron a Óscar Chinchilla como fiscal general, en junio de 2018. Aunque su candidatura no estaba entre las cinco seleccionadas por una junta que se encargó de analizar a las personas más idóneas para asumir ese importante puesto. De la lista solo se eligió al abogado Daniel Sibrián Bueso, para ocupar el cargo de fiscal general adjunto. Los otros cuatro postulantes no fueron tomados en cuenta. En la votación de los 128 diputados por la dupla conformada por Chinchilla y Sibrián; 88 se manifestaron a favor, 38 en contra y dos abstenciones. Muchos de los legisladores que votaron a favor estaban bajo investigación por casos de corrupción por parte de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Una vez reelecto Chinchilla, de inmediato el entonces presidente Juan Orlando Hernández, se mostró satisfecho con los resultados y en un mensaje en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente; "Honduras avanza bien por la elección del Congreso_HND a favor de Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián como fiscal general y fiscal adjunto respectivamente! ¡Seguimos en el proceso de lucha por una Honduras más justa!".

“En la teoría Chinchilla deja su cargo el próximo 31 de agosto de 2023. Es decir, le quedan apenas días en su cargo que ha sustentado con negligentes actuaciones, contrarias a lo que establece la Constitución de la República y las demás leyes secundarias. De la gestión de Chichilla uno espera que otro fiscal pueda hacer algo mejor, porque él nunca combatió el crimen de las élites políticas”, indicó Fernández.

“El gran desafió del Congreso Nacional es elegir un Fiscal General, hombre o mujer que tenga liderazgo para rescatar el Ministerio Público, que defienda su autonomía, que combata la corrupción y los delitos criminales sin importar el color político y la clase social. Este nuevo tiempo que viene para el Ministerio Público es decisivo: o se termina de hundir o aparece un liderazgo de fiscales que lo saque a flote”, concluyó Víctor Fernández.