Jaime Cabrera, el campesino que luchó contra la criminalización del Ministerio Público

EL 24 de enero de 2022 mientras campesinos realizaban un proceso de recuperación de tierras en la Cooperativa El Chile, ubicada en la comunidad Quebrada de Arena en Tocóa, Colón, Jaime Cabrera, líder de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán, se encontraba en la sede de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, organizando el recibimiento de una delegación de la Unión Europea y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Diez meses después, el 25 de noviembre del 2022, un Fiscal del Ministerio Público, MP de Honduras, Beyron Othaniel Salinas Torrez, presentó un requerimiento fiscal contra nueve personas, entre los cuales figuraba el nombre de Jaime Cabrera, a quien se le libró orden captura acusándolo de los delitos de Usurpación Agravada, Asociación Ilícita y Privación de Libertad en perjuicio de empresas privadas de la región, por los hechos acontecidos en enero de ese año.

Jaime, seguro de ser inocente de los cargos que se le imputaron y conociendo la vinculación de algunos fiscales con empresarios agroindustriales, temeroso de ser objeto de una detención injusta y atendiendo una advertencia de que su vida corría peligro, decidió dejar su familia y esconderse. Transcurrieron más de ocho meses en los que Jaime estuvo lejos de su esposa y sus tres hijos.

Recuerda que una de esas tantas noches fuera de su casa, su esposa angustiada le hizo una videollamada a medianoche, contestó el teléfono y vio a través de la pantalla como su hijo de cinco años lloraba desconsoladamente, el pequeño soñó que la policía había capturado y golpeado a su papá. Jaime con la voz entrecortada relató como se hacía fuerte para poder consolar a su hijo, cuando por dentro su corazón se derrumbaba.

“He tenido que pasar dolor y sacrificio junto a mi familia a causa de un Ministerio Público irresponsable que no asume el papel de investigar antes de acudir a un requerimiento fiscal contra una persona. No estaba huyendo de la justicia, solo resguardaba mi vida, a la espera que el equipo legal me dijera cuando era el momento oportuno para presentarme ante un juez”, aseguró Cabrera.

La criminalización desde el Ministerio Público

Datos de las organizaciones campesinas establecen que, entre el año 2010 y el 2021, unas 2,470 personas defensoras de la tierra y territorio han sido criminalizadas por el MP. 559 son mujeres y 1,911 son hombres, pertenecientes a los departamentos de La Paz, Cortés, Choluteca, Valle, Colón, Yoro, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Comayagua y Atlántida. Personas que lucha contra proyectos hidroeléctricos, mineros, despojo de territorios y acceso a la tierra.

El auge de la criminalización y el nefasto papel del Ministerio Público contra quienes defienden la tierra y los bienes comunes se agudiza luego del golpe de Estado (2009). Coincide también con la implementación durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, (2010-2014) del denominado “Honduras Is Open For Bussines” (Honduras abierta a los negocios), impulsado por el gobierno y patrocinado por la empresa privada. Era Fiscal General en ese entonces el liberal Luis Alberto Rubí Ávila y Fiscal Adjunto el nacionalista Roy David Urtecho.

En la inauguración del evento realizado en San Pedro Sula en mayo del 2011, el presidente Lobo manifestaba que “Aquí estamos, vengan, inviertan, y ustedes van a ser parte de lo que es seguir adelante con esa lucha heroica de invertir, y ganaremos ambos, nuestro pueblo, con una oportunidad de ingresos para su familia, y ustedes crecerán cada vez más en sus empresas”.

El evento aseguraba la oportunidad de invertir en proyectos enfocados a sectores de infraestructura, energía, agronegocios, forestales, maquila de transformación, servicios y turismo. El Congreso Nacional ya había aprobado previamente la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones, que garantizaba seguridad jurídica a los inversores.

Joaquín Mejía, experto en derechos humanos, asegura que lo que se estableció fue que Honduras era un territorio para venta o alquiler y que todo era mercancía y por lo tanto, aquellos que tienen una visión distinta del desarrollo, como los pueblos indígenas, garífunas y grupos campesinos, que defienden el acceso a la tierra y los bienes comunes, terminaron siendo un obstáculo a ese modelo extractivo que se ha impuesto con medidas y acciones que buscan sacarle todos los recursos posibles no solo a la naturaleza sino también a las personas, y oponerse a eso requiere una institucionalidad policial militar y del sistema de justicia para disminuir la capacidad de oposición de estos sectores.

Las acciones de despojo de territorios a comunidades garífunas y pueblos originarios y la criminalización de sus líderes se agudizó en todo el país.

Colusión entre fiscales y agroindustriales

El Abogado Víctor Fernández, del Bufete Jurídico Estudios para la Dignidad, a cargo de la defensa de Jaime Cabrera, identifica un patrón de vinculación entre actores institucionales, que incluye policía, fiscales y jueces, que se coluden en un acuerdo explícito o implícito con actores económicos, corruptos y violentos que termina usando el sistema de justicia como uno de los componentes de esa práctica criminal extendida en varios actores de la sociedad.

“Los grandes agroindustriales de la zona del valle de Aguán, sin que aparezcan visibles en este tipo de casos a través de sus abogados o representantes hacen que un fiscal o un policía trabaje un caso para criminalizar o generar miedo o terror en el campesinado, deslegitimando la verdadera función del MP”, declara Fernández.

El caso de Jaime Cabrera es un claro ejemplo de los tantos abusos que han cometido fiscales del MP, contra defensores de derechos humanos, campesinos, y comunidades indígenas y garífunas del país que defienden sus territorios y bienes comunes.

Joaquín Mejía, cree firmemente en que el MP desde hace mucho tiempo dejó de ser el representante de los intereses generales de la sociedad y se ha convertido en herramienta de criminalización en contra de todas aquellas personas o sectores que se oponen al modelo extractivo y de venta del territorio que se ha venido instaurando en el país.

“Si bien es importante señalar la responsabilidad política que tiene el Fiscal General, Oscar Chinchilla por ser la cabeza del MP, no podemos dejar a un lado el análisis que tiene que ver con el papel que juegan los fiscales en el día a día, porque son ellos quienes asumen buena parte de las acciones de investigación y requerimientos y obviamente esto tiene impacto en quienes son destinatarios de ese uso indebido y arbitrario del derecho penal”, opina Mejía.

Depuración del MP

Las comunidades garífunas han sido víctimas directas de fiscales del MP, reitera Rony Martínez, perteneciente a la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh. Recuerda como el siete de noviembre del 2022 funcionarios de la fiscalía, junto a la policía y militares fuertemente armados, desalojaron violentamente a los pobladores garífunas en la comunidad Punta Gorda en Roatán.

La fiscalía acusó en ese momento a Melissa Martínez, Dorotea Arzu y Keyden Tishany Gonzales, Richard Armando Martínez, Abot Efrahin Sánchez y Augusto Moisés Dolmo, del delito de Usurpación Agravada. Fueron privados de su libertad durante un día, recibiendo medidas sustitutivas a la prisión, pero luego el 25 de noviembre un juez les dictó sobreseimiento definitivo, ya que las tierras donde se encontraban son ancestrales.

“Solo para darte un ejemplo de la depuración que se debe hacer, la Fiscalía de Roatán, plegada en contra de las comunidades ha defendido a un grupo de empresarios, pero evidente, no se esconden, van de frente contra las comunidades. Por lo tanto, hay un gran trabajo que debe hacer el nuevo Fiscal General y el Adjunto para generar reformas que encaminen una depuración y la especialización de la Fiscalía”, asegura Martínez.

Hemos adolecido de un Ministerio Público competente e independiente, ha sido un MP al servicio de los grupos de poder incluso infiltrado por grupos criminales que servicio para acrecentar la impunidad, señala Martínez.

Mejía comparte la opinión de Rony Martínez, cree que de nada va a servir si tenemos un fiscal general nuevo, si no realiza una profunda evaluación personal, no solo de los recursos materiales, sino también de los humanos, para poder ver con qué tipo de personas o profesionales ha estado operando el MP.

Si no, sería prácticamente como poner un pedazo de tela nuevo en un vestido o pantalón viejo, al final termina por romperse, por eso es fundamental que se elija un Fiscal General independiente para que tenga la valentía y la voluntad para realizar ese diagnóstico y hacer los cambios estructurales que necesita el MP, afirma Mejía.

El pasado 16 de agosto de 2023, en el segundo día de audiencia, un juzgado hondureño sobreseyó a Jaime Cabrera de los delitos que le imputaban, quedando en libertad. La defensa de Cabrera, acreditó con testigos y pruebas que el dirigente campesino no participó en los delitos imputados y por lo tanto, las acusaciones y pruebas presentadas por el fiscal Beyron Othaniel Salinas Torrez eran falsas.

Al conocer la resolución, Raúl Ramírez, secretario de la Plataforma Agraria, enfatizó en que queda claro que la fiscalía construyó el crimen para imponérselo a un campesino, quedando en evidencia la criminalización de la que son víctima las organizaciones campesinas.

En un comunicado de la Plataforma Agraria, publicado a inicios de agosto de 2023, recordó que desde el “2010 a la fecha, cerca de 200 liderazgos campesinos han sido asesinados en Honduras por su labor de defensoría de derechos. Denunció por segunda vez un plan por parte de las empresas agroindustriales para asesinar a la dirigencia campesina del Aguán.

Enfatizó que en noviembre de 2022 se denunció un plan de asesinatos y de esa fecha hasta hoy, han sido ultimados 9 líderes campesinos. En esos casos la fiscalía no ha actuado de oficio e investigado el origen de las denuncias, de las amenazas contra el campesinado ni de los asesinatos.

Hoy Jaime Cabrera agradece que su casa se aclaró, demostrando su inocencia, pero sabe que deberán pasar muchos cambios para que la Fiscalía deje de criminalizar a los defensores y defensoras.